La incertidumbre por las medidas económicas en materia de alquiler que prepara el Gobierno vasco y la compra por parte de fondos buitre de vivienda pública protegida mantienen en estado de alarma al movimiento por la vivienda de Euskal Herria. Miles de familias inquilinas no podrán pagar sus alquileres tras la emergencia sanitaria de la Covid-19. Y temen que no puedan acceder tampoco a las ayudas públicas.
